TWITTEROS A LA CÁRCEL

Cómo sabéis, se ha levantado una fuerte polémica a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco. La proliferación de mensajes ofensivos en las redes sociales ha llevado a las autoridades a plantear nuevas acciones para controlar y castigar, en su caso, este tipo de proclamas que hacen apología del odio.

De momento, un chaval de Tabernes de Valldigna (Valencia) de 19 años ha sido detenido por haber twitteado un mensaje expresando su deseo de matar politicos empleando para ello, concretamente, el mítico fusil de asalto AK-47:

Yo estoy de acuerdo con las iniciativas que se tomen para impedir que las redes sociales se llenen de mensajes que inciten al odio o incluso al asesinato. Pero creo que la legislación debe recoger lo que es delito y lo que no, para saber exactamente a qué atenernos.

Por ejemplo, si retuiteo un tweet que supuestamente incita al odio, ¿estoy cometiendo un delito?, ¿debo temer que la policía irrumpa en mi domicilio en menos de 24 horas?

También debe quedar claro qué mensaje entra dentro del código penal. Está claro que si pido que asesinen a alguien es delito. Pero ¿y si pido que le rompan las piernas? ¿o tan sólo que le den un bofetón o le hagan un piquete de ojos? Es imprescindible que esto quede tipificado.

Los límites de la incitación al odio racial también deben de quedar claros. Estoy de acuerdo con que se castigue a quien insulte a los judíos o los negros, objeto habitual de los ridículos supremacistas. Pero un mensaje contra los esquimales ¿es también delito? Si alguien ataca a los bosquimanos, sea cual sea el motivo de su inquina personal hacia ellos, puede quedar englobado en el ataque a los negros en su conjunto, por lo que sería delito, pero si uno odia a los melanesios ya es más complicado, pues a pesar de tener la piel muy oscura, no tienen nada que ver con los africanos. Lo que no hay duda es que el delito más grave sería insultar a los etíopes judíos.

También deben quedar meridianamente estipulados los colectivos que no pueden ser atacados. Entiendo que el pedir la muerte de los políticos sea castigado penalmente, pero no entiendo por qué sólo ellos pueden gozar de esa protección. Si alguien pide la muerte de los controladores aéreos tras alguna de sus huelgas salvajes, ¿también sería castigado? Los inspectores de Hacienda igualmente pueden exigir esa protección al ser objeto de una especial inquina, aunque hay gente que ha tenido contenciosos con conductores de autobús, agentes de la zona azul, funcionarios de Correos o empleados bancarios, que también podrían ser objeto de mensajes ofensivos en las redes sociales.

Y, por último, aun en el caso de que queden perfectamente tipificados todos los supuestos en los que un mensaje es considerado delito, ¿qué pasaría si diez mil twitteros se ponen de acuerdo para twittear a la vez un tweet delictivo? ¿Se llevaría a cabo una redada en toda España para atraparlos a todos? ¿Serían confinados en un estadio como pasaba en Chile?

Por tanto, creo que nuestros legisladores tienen trabajo para dejar por escrito las normas a las que nos tenemos que atener antes de ponernos a twittear. Si no, me temo que las cárceles se van a llenar de twitteros en poco tiempo...